A propósito de la reforma del proceso matrimonial de nulidad

"Una cosa es defender la indisolubilidad del matrimonio, y otra bien distinta es sostener que por el mero hecho de que dos personas hayan pronunciado unas palabras en una iglesia ante un sacerdote ya están casados"

Pocos asuntos de la vida de la Iglesia suscitan tanta incomprensión, dentro y fuera de la comunidad cristiana, como las declaraciones de nulidad matrimoniales. No sólo por la desinformación y los prejuicios que las rodean (si viene a ser un privilegio para unos pocos, si económicamente es inasumible para mucha gente,…); sino también porque para muchos entran en contradicción con la indisolubilidad del matrimonio. Y aunque obviamente aquí no podemos entrar a explicar en detalle la doctrina sobre la indisolubilidad, me parece ineludible empezar refiriéndonos precisamente a ella.

Porque una cosa es defender la indisolubilidad del matrimonio, y otra bien distinta es sostener que por el mero hecho de que dos personas hayan pronunciado unas palabras en una iglesia ante un sacerdote ya están casados. Ahí está la clave para entender, o no, el tema de las declaraciones de nulidad. Intentemos explicarlo en el margen de espacio de que disponemos.
 

El consentimiento mutuo

Lo que hace el matrimonio es el consentimiento de los contrayentes. En la celebración de la boda, el consentimiento se expresa verbalmente por medio de la conocida fórmula “Yo, N., te tomo a ti por esposo/a…”, u otra de las previstas en el ritual. Es lógico que así se haga, pero eso no ha de hacernos pensar que el consentimiento consiste en unas palabras que se pronuncian, como si fuese una especie de conjuro, o de fórmula mágica. El derecho canónico lo define como “el acto de la voluntad, por el cual el varón y la mujer se entregan y aceptan mutuamente en alianza irrevocable para constituir el matrimonio”. Es, por tanto, un acto de la voluntad, es decir interno, cuya verdad no depende de lo que podemos exteriormente observar.

Ciertamente, prestado ese consentimiento en forma válida y consumado el matrimonio, ese vínculo es para la Iglesia absolutamente indisoluble, de acuerdo con la enseñanza de Cristo que escuchábamos aún el primer domingo de este mes en el evangelio de Marcos. Pero ¡han de darse esas condiciones! Si una persona se ha casado obligada, o lo ha hecho engañada, o se ha casado con alguien que luego ha demostrado ser incapaz de cumplir aquello a lo que se ha comprometido, … ahí para la Iglesia no ha habido matrimonio. Tampoco si la persona está afectada por algún impedimento para contraerlo, o no se respetan las condiciones formales que establece el derecho de la Iglesia, que son bien sencillas, pero pueden no cumplirse. Pongamos un ejemplo con otro sacramento, por si ayuda. El bautismo sólo puede recibirse válidamente una vez; si una persona ya bautizada vuelve a pedir el bautismo, nunca podremos decir realmente que se volvió a bautizar, porque la segunda celebración no sería válida; habrá habido una ceremonia, habrá recibido el agua en su cabeza con la fórmula del bautismo, pero no ha sido bautizada dos veces.

En los casos antes descritos, a modo de pequeño ejemplo, ha podido haber una boda, ¡por supuesto! La iglesia podía estar hermosamente decorada y los novios vestir con elegancia, el sacerdote hablar con elocuencia y el coro interpretar magníficamente las piezas elegidas, y ha podido incluso observarse externamente todo lo que prescribe el ritual, … pero la verdad del matrimonio no se juega en nada de eso.
 

La declaración de nulidad 

Por si puede ayudar, observemos además que el concepto de nulidad no es un invento del derecho canónico. Con mucha frecuencia leemos noticias en prensa acerca de decisiones judiciales que declaran la nulidad de un despido, o de un contrato, o de una decisión judicial o administrativa. No se anula algo: se declara nulo, inexistente a efectos jurídicos, porque en el momento en que se produjo ese hecho no se daban todas las circunstancias o condiciones que el derecho exige para la validez de ese acto. Por eso siempre insistimos en que la Iglesia no ‘anula’, sino que declara la nulidad de un matrimonio; no es un juego de palabras: puede anularse algo que es válido, pero se declara la nulidad de algo que nunca lo fue. Por descontado, estamos ante una figura jurídica totalmente distinta de la del divorcio, que es la ruptura de su vínculo por parte de los cónyuges, sea por uno de ellos o de mutuo acuerdo. La Iglesia ha previsto siempre la posibilidad de la separación, cuando la convivencia se hace imposible, pero si el matrimonio fue válido el vínculo permanece aunque cese la convivencia.

Sé que esta explicación no convencerá a todo el mundo, y que la declaración de nulidad de un matrimonio puede incluso escandalizar a alguna gente, pero si la Iglesia ha establecido ese procedimiento es precisamente para salvaguardar la belleza y la santidad del verdadero matrimonio. Es tan grande e importante para la Iglesia este sacramento, sobre el que se construye la propia sociedad humana, que no puede dejar que cualquier sucedáneo, cualquier apariencia de matrimonio pase por uno auténtico. Todo el mundo tiene derecho a contraer un matrimonio válido; y si alguien ha sido engañado al hacerlo, o incluso se ha equivocado él mismo, ha de ver reconocido su derecho a volver a intentarlo.

Por esa razón la Iglesia a lo largo de los siglos ha ido articulando el proceso matrimonial de nulidad, y lo ha hecho tomándose muy en serio su regulación, profundizando en las razones que son susceptibles de admitirse como causas de nulidad (que no podemos aquí entrar a detallar), y adaptando las normas procesales con el paso del tiempo, igual que en cualquier otro ámbito jurídico.
 

Simplificación del proceso 

Como es sin duda ya bien conocido, la última reforma fue promulgada por el papa Francisco el pasado 8 de septiembre, por medio de su Carta apostólica “Mitis iudex Dominus Iesus”, y entrará en vigor el próximo 8 de diciembre. ¿Qué supone esta reforma? ¿Qué es lo que cambia y qué no?

Obviamente, no podemos aquí hacer más que una aproximación muy superficial. Y lo primero es decir que sigue siendo un proceso judicial, y de carácter declarativo, es decir que busca establecer la verdad del momento en que se celebró el matrimonio.

Como recuerda el propio papa, si algo ha permanecido con el paso del tiempo es el carácter de decisión judicial de la declaración de nulidad. La razón es darle la mayor seriedad al asunto y dotar de las máximas garantías al proceso, en el que se ha de probar, como en cualquier juicio, que ese matrimonio fue nulo, ya que todo matrimonio se presume que es válido hasta que se demuestre lo contrario. Pero ello ha de ser compatible con la efectiva posibilidad de acceso de los fieles a los tribunales eclesiásticos, para lo que la reforma introduce diversos cambios. Así lo dice el papa en la introducción del documento: “he decidido establecer con este Motu proprio disposiciones con las cuales se favorezca no la nulidad de los matrimonios, sino la celeridad de los procesos y, no en menor medida, una adecuada simplificación”.

Seguramente de entre esas novedades la más trascendente para nosotros es la supresión del principio de la ‘doble sentencia conforme’, lo que viene a significar que la primera sentencia que declara la nulidad de un matrimonio pasa a ser efectiva si no es recurrida. Hasta ahora, era obligatorio que, aunque ninguna parte recurriera esa primera sentencia, un tribunal de segunda instancia (en nuestro caso ordinariamente el de Santiago) la revisara y la confirmase para que ese matrimonio pudiese ser declarado nulo; si no era confirmada esa causa tenía que ir todavía a una tercera instancia. Se trata, pues, de una modificación que en muchos casos va a simplificar notablemente el proceso y a acortarlo. Otras modificaciones consisten en la reducción de los requisitos para que una diócesis pueda disponer de tribunal, o en una delimitación menos restrictiva que hasta ahora de la competencia de los tribunales para examinar un caso.

Hay otra gran novedad, seguramente la más destacada en las noticias sobre la reforma, que es la introducción del denominado ‘proceso más breve’, en el que el propio obispo diocesano será personalmente el juez. Es una novedad interesante, aunque a día de hoy considero que lo más probable es que en la práctica pocos casos puedan acogerse a él, pues está pensado para aquéllos en los que la nulidad es muy evidente y hay acuerdo de ambas partes.

No podemos acabar sin señalar que el papa pide a las Conferencias episcopales que busquen fórmulas para que en la medida de lo posible los procesos sean gratuitos. A la espera de cómo se concrete eso en el caso de nuestro país, es importante tener presente que en todas las diócesis hay prevista la justicia gratuita o la reducción de costas para aquellas personas que no pueden afrontar total o parcialmente los gastos del proceso, por lo que ya a día de hoy en nuestro país nadie debería quedar privado de acceder a un Tribunal eclesiástico por falta de medios económicos. 

Publicado: 29/10/2015: 4606
Xoán Xosé Fernández Fernández

Ferrol (1972) - Sacerdote - Vicario Judicial