La intervención del Estado en este tema depende de si
valora positivamente o no el papel de la religión en la vida personal del
hombre y en el desarrollo de la sociedad. Si cada persona busca
-consciente o inconscientemente- una felicidad que va más allá de sí misma
y de este mundo, la religión juega un papel de extraordinaria importancia.
Por otra parte, la sociedad misma no podría subsistir sin valores morales
compartidos como la justicia, la solidaridad, la libertad, el amor y la
paz. Si los Estados democráticos subvencionados las más variadas
actividades que los ciudadanos ejercen en terrenos como el deporte, las
artes, la cultura, etc, ¿por qué no las actividades relacionas con la vida
y la actividad religiosa? El derecho a la libertad religiosa es intrínseco
a la persona humana y anterior a las leyes positivas civiles, sea cual sea
su rango. Pero éste no es nuestro caso.
Una de las fórmulas más estimadas en la Europa de hoy,
porque resulta directa y expresa, es la de que los contribuyentes puedan
destinar para este fin un tanto por ciento de los tributos que pagan a la
Hacienda del Estado. Es, por tanto, incorrecto afirmar que el Estado
subvenciona a la Iglesia, sino que tan sólo es el canal por el que la
Iglesia recibe la asignación tributaria de los declarantes del IRPF que
así lo desean. De esta fórmula se ha hecho uso en el Acuerdo sobre asuntos
económicos firmado por la Santa Sede y el Gobierno Español ratificado
después de aprobada la Constitución de 1978 y que acaba de ser
actualizado.
El Gobierno y la Conferencia Episcopal Española acaban
de ponerse de acuerdo en que el porcentaje de deducción del impuesto a
favor de la Iglesia Católica pase del 0’52 al 0’70%; en consecuencia el
Estado dejará de aportar el complemento que ofrecía a cargo de los
Presupuestos Generales. La Iglesia pagará el impuesto conocido por el IVA
cuando adquiera bienes que pertenezcan al ámbito de las actividades
propias de su misión.
Con ello no se resuelve, sin embargo, en su totalidad -
¡ni mucho menos!- el problema de lo que significan las necesidades reales
de la financiación de la Iglesia en España. La solidaridad activa de los
católicos con la Iglesia en España continúa siendo vitalmente
imprescindible y no debe decaer ni en su volumen material, ni en su
intensidad espiritual. Al lado de la colaboración por la vía de la
deducción del impuesto sobre la renta, que no cuesta nada al
contribuyente, es preciso seguir ofreciendo la generosa aportación
ordinaria y perseverante de todos los fieles en la medida de sus
posibilidades.
Las diócesis españolas obtienen recursos económicos a
través, básicamente, de tres vías: la primera y fundamental es la
aportación directa de los fieles (donativos, suscripciones periódicas,
etc.) Una segunda vía la constituyen los fondos recabados de
Administraciones públicas, como es la asignación tributaria. Por último,
existe una tercera vía, derivada de la gestión adecuada de su propio
patrimonio.
Tenemos que dar pasos decisivos hacia la
autofinanciación. Con el empeño de todos hemos de lograr que la colecta a
favor de la Iglesia diocesana se haga en todas las parroquias y
comunidades eclesiales. Y que los donativos sean generosos. En esta hora
de nuevos retos, no podemos conformarnos con compartir la calderilla.
Cultivemos aquella disposición de espíritu que animaba a los primeros
cristianos: nadie consideraba lo propio como exclusivamente suyo, sino
como bienes que habrían de ser compartidos fraternalmente por amor.
Con mi afecto y mi bendición.